PP y Vox han llegado este miércoles a un acuerdo para formar gobierno en Castilla y León, un pacto con el que el líder de los populares en la región, Alfonso Fernández Mañueco, revalidará su mandato al frente de la Junta. El contenido del pacto, como ya ocurrió en Extremadura y Aragón, incluye el concepto de «prioridad nacional» para acceder a ayudas sociales y los de Santiago Abascal tendrán la Vicepresidencia primera, aún sin concretar qué competencias llevará aparejadas.
Las conversaciones para decidir el rumbo político de la comunidad han dado así fruto dos meses y medio después de las elecciones del pasado 15 de marzo, en las que el PP fue la fuerza más votada —obtuvo 33 diputados— y Vox sumó un escaño más de los que tenía hasta entonces, hasta quedarse con 14 diputados y mantener así la llave de la gobernabilidad. El resultado es un Gobierno de coalición en el que los de Abascal ostentarán la Vicepresidencia primera y tres consejerías y los populares tendrán, además de la Presidencia, la Vicepresidencia segunda y las siete consejerías restantes. «Es un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas», ha subrayado el que será de nuevo el presidente de la Junta.
El propio Mañueco y el portavoz de Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, han comparecido este mediodía en las Cortes, en Valladolid, para dar a conocer los detalles del acuerdo. El debate de investidura será con casi toda probabilidad la próxima semana, según ha indicado el presidente en funciones, que ha dicho que será la Mesa del Parlamento regional la que concrete la fecha exacta. El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ya ha convocado la reunión de la Mesa para este viernes 5 de junio.
Según Mañueco, el concepto de «prioridad nacional» incluido en el pacto irá en la misma línea que en los acuerdos de Aragón y Extremadura de cara al acceso a vivienda protegida, alquiler social y ayudas públicas, aunque Mañueco ha querido dejar claro que toda su aplicación será «siempre dentro del marco del ordenamiento jurídico y legal». Según el texto firmado por ambas fuerzas, el objetivo es la «asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio», lo que se garantizará con un periodo mínimo de empadronamiento, vinculando el acceso a ayudas a la trayectoria de cotización y limitando el acceso de las personas en situación irregular a «supuestos de urgencia vital».
Al igual que en las anteriores comunidades, Vox se hará cargo de las consejerías de Desregulación, familia y ayudas sociales, que incluirá competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo; Agricultura, ganadería, medio rural y política ambiental, con competencias en caza y pesca; así como Cultura, turismo y deporte. Lo que aún no han definido PP y Vox es cuál de estas consejerías irá aparejada a la Vicepresidencia primera que ostentarán Pollán. «Estamos muy contentos del acuerdo la que hemos llegado, porque entendemos que va a suponer el impulso definitivo para las políticas de la Junta», ha celebrado el número uno de Vox en la región.
Sí está definido, en cambio, que la Vicepresidencia segunda del PP tendrá competencias en Vivienda y ordenación del territorio, despoblación y protección civil. Los populares se quedan también con las carteras de Economía y Hacienda, Medio ambiente y energía, Movilidad y Transformación Digital, Sanidad y Educación, entre otras. De este modo, la gestión de incendios seguirá en manos de los populares, quedando asignada a la Consejería de Medio Ambiente y Energía.
A diferencia de lo ocurrido en los acuerdos de Extremadura y Aragón, el PP no cede en Castilla y León ningún senador autonómico a los de Abascal. Por tanto, los populares designarán a los dos que le corresponden de acuerdo al resultado de las urnas y un tercero lo elegirá el PSOE. «Las cosas quedan como estaban hasta ahora», se ha limitado a decir Mañueco a ese respecto.
PP y Vox ya firmaron un acuerdo para gobernar juntos en Castilla y León en 2022. Fue la primera comunidad en la que compartieron Ejecutivo, aunque los de Abascal acabaron rompiendo la coalición en 2024 por discrepancias en torno a la acogida de menores migrantes. Ambos partidos coinciden en que el objetivo actual es gobernar durante los próximos cuatro años —con el compromiso de «elaborar y aprobar» presupuestos en cada año—, para lo que han pactado un programa con 324 medidas en 19 áreas y un horizonte temporal para cumplir con cada una de ellas.
Rebajas de impuestos y rechazo a la inmigración
Entre los puntos pactados se incluye un rechazo explícito a la inmigración ilegal. Según el texto rubricado, se verificará la edad de las personas migrantes y no se habilitará ninguna plaza más en centros de acogida, al mismo tiempo que se endurecerá el régimen interno de los centros de menores. Además, se reducirán las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales «que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública objetiva».
También copan buena parte del acuerdo las rebajas fiscales. Por ejemplo, la reducción de la tarifa autonómica del IRPF y deducciones por nacimiento de hijo y adopción, así como la ampliación de las bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos y reducción de tasas y precios públicos como las licencias de caza. Se pretende fomentar la actividad económica mediante ayudas a la creación de negocios y una cuota cero para los nuevos autónomos durante los primeros 24 meses.
En materia de vivienda, se introducen igualmente medidas fiscales, como la reducción del ITP en la compra de primera vivienda a jóvenes y familias numerosas. Asimismo, PP y Vox han pactado incrementar en un 80% la inversión en políticas de vivienda, ampliar los avales y construir al menos 5.000 viviendas protegidas. En otros apartados, el acuerdo recoge el refuerzo de la colaboración público-privada para la prevención y extinción de incendios, la agilización de las citas sanitarias para acceder a consultas de medicina familiar y comunitaria en un máximo de 48 horas, priorizar el producto español en los comedores escolares y gratuidad de la primera matrícula universitaria para los estudiantes empadronados en la comunidad que estudien en universidades públicas de Castilla y León.